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Boletín de prensa 27 de septiembre de 2011
HAY UN MILLÓN 300 MIL PROCESOS REPRESADOS EN COLOMBIA, DICE GOBIERNO
La cifra la reveló el ministro del Interior al pedirle al Congreso aprobar reforma de la Justicia.
El Ministro Germán Vargas Lleras dijo que, entre otros puntos, este proyecto de enmienda constitucional busca la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, el cual, según Vargas, sería reemplazado con un ente similar a la Junta Directiva del Banco de la República.
El proyecto, que debe cumplir 8 debates en el Legislativo antes del 20 de julio del próximo año, está pendiente de su primera prueba en la Comisión Primera del Senado.
Además, el ministro dijo que hasta ahora se han aprobado 46 leyes del Gobierno.
Al comenzar la rendición de cuentas de su cartera, Germán Vargas Lleras resaltó que 15 de estas iniciativas tuvieron origen en el Ministerio del Interior.
En el estudio 5 de la sede de Radio Televisión Nacional de Colombia, en Bogotá, Vargas comenzó resaltando la labor de acompañamiento del Congreso en el impulso a los propósitos del Gobierno.
Dentro de las leyes que destacó Vargas estuvieron la ley de víctimas, el estatuto anticorrupción y la ley de seguridad ciudadana, entre otras.
"La ley de ordenamiento territorial le abre el camino a las regiones, pero unas regiones sin burocracia", dijo el Ministro refiriéndose a la creación de las regiones administrativas y de planeación, previstas por esta iniciativa.
Vargas Lleras anunció que este martes se radicará en el Congreso un proyecto de ley para la regulación de las áreas metropolitanas en el país.
Finalmente, Carlos Iván Márquez, director de Gestión y Riesgo, durante la rendición de cuentas del Ministerio del Interior, aseguró que 53 mil millones de pesos están listos para comenzar a enfrentar la nueva ola invernal.
Asesoría para la prosperidad
Desde el 13 de octubre, alcaldes y gobernadores serán asesorados para llevar prosperidad a sus regiones
Así lo reveló el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, al anunciar la inauguración de la Casa del Alcalde.
Según Vargas Lleras, desde esa fecha los mandatarios seccionales y locales podrán acudir a ese sitio para que el Gobierno los asesore en temas de desarrollo y en materia jurídica, entre otras áreas.
La idea, según el Ministro, es que estos funcionarios "puedan recibir la atención que les permita llevar prosperidad a sus regiones".
VÍCTIMAS TENDRÍAN SALUD GRATIS, ASÍ LO PREVÉ LA LEY DE VÍCTIMAS
La ley busca acoger a por lo menos 4 millones de víctimas en Colombia.
El decreto, que comenzará su etapa de consultas, estipula que el Ministerio de la Protección Social debe actualizar el Plan Obligatorio de Salud para que sean tenidas en cuenta --según lo ordena la Ley de Víctimas-- las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante sobre las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad y adultos mayores.
También, dice el decreto reglamentario, que en citas médicas las víctimas no deben esperar más de cuatro días y que en casos de urgencia, está atención debe ser inmediata.
"La población que se identifique como no afiliada, será remitida a la Entidad Promotora de Salud (EPS) pública del orden nacional para que proceda de manera inmediata a su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud", dice.
No más bienes con líos
El decreto, que consta de 333 artículos y que fue conocido por ELTIEMPO.COM, también reglamenta que los bienes entregados por los paramilitares y que no estén saneados no serán tenidos en cuenta para la reparación.
De hecho -dice el articulado- esta sería una de las causales para que paramilitares pierdan sus beneficios en Justicia y Paz.
"La autoridad judicial competente entenderá incumplido el requisito de entrega de bienes para la reparación a las víctimas (...) Se entiende como bienes sin vocación reparadora, los que no puedan ser identificados e individualizados, así como los que, analizada la relación costo - beneficio de su administración, generarían una pérdida a cargo del Estado", dice el documento del Gobierno.
También se establece que cuando los ex 'paras' entreguen bienes de los cuales no fueran titulares directamente o por interpuesta persona; o cuando ofrezcan únicamente bienes sin vocación reparadora; o cuando cometan fraude procesal para la entrega, podrán perder los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.
La revisión de los predios estará a cargo de la entidad judicial competente, que --dice el decreto-- podrá solicitar participación de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas o de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
Amnistía de Créditos
El Gobierno también estipula en la reglamentación que las víctimas tendrán una clasificación especial de riesgo crediticio. De esta manera, la Superintendencia Financiera expedirá nuevas reglas en donde se tenga en cuenta el carácter de víctima ante la entrada en mora o la refinanciación, reestructuración o consolidación de los créditos de las víctimas.
"En caso de que la víctima no esté en condiciones de ofrecer una garantía suficiente de acuerdo con las sanas prácticas del sistema financiero, la entidad financiera de que se trate solicitará al Fondo Nacional de Garantías S.A., o la entidad que haga sus veces, que garantice el crédito", dice la reglamentación. Y agrega que en el caso de deudas con el Icetex, estas deberán ser cubiertas con recursos de la Nación.
Sobre los topes para la reparación administrativa, que actualmente está fijada en un máximo de 20 millones de pesos por delitos de homicidio, se establece que será la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas la encargada de diseñar una tabla de estimación de los montos.
"Los montos de la indemnización corresponderán a una estimación de un monto básico determinado por la naturaleza y el impacto del hecho victimizante y la vulnerabilidad actual de la víctima", dice.
EL ESPECTADOR
ABORTO EN COLOMBIA
Vargas Lleras, partidario de no reversar excepciones al aborto
Aunque el Gobierno dejó en libertad a los partidos para que voten ese proyecto, el ministro dio a conocer su posición personal.
Este martes, cuando se inicia en el Senado la discusión del proyecto del Partido Conservador para abolir el aborto hasta en sus excepciones, el debate empezó ha tomar diferentes tonos alrededor de la iniciativa.
Se conoció que el Gobierno dejó en libertad a todos los partidos políticos porque éste se considera uno de los asuntos de consciencia.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que cada parlamentario, según su criterio, puede decidir si vota o no el proyecto.
"La consciencia del Gobierno es que cada partido y cada congresista vote a como a bien tenga la iniciativa", aseguró.
Sin embargo, Vargas Lleras no ocultó que personalmente y no a nombre del Gobierno, considera que deben mantenerse las excepciones para el aborto.
"Mi consciencia me dicta que la disposición que permitió la Corte Constitucional debe mantenerse", manifestó.
Actualmente se permite el aborto cuando está en peligro la vida de la madre, en casos de violación y por malformaciones del feto. En la comisión primera del Senado se inició la discusión del polémico proyecto 'azul' sobre el aborto.
TRIBUNAL SIMBÓLICO CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL EN COLOMBIA
Por: Rodrigo Uprimny
Ayer lunes sesionó en Bogotá un importante tribunal simbólico internacional que examinó la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado colombiano.
Este tribunal, organizado por la Corporación “Humanas” y apoyado por otras organizaciones de mujeres y de derechos humanos, examinó varios casos individuales de violaciones y formas de esclavitud sexual cometidas contra mujeres por los paramilitares, la guerrilla o agentes estatales. Eran casos terribles: por ejemplo, en 2010, en el sur del país, un miembro de la fuerza pública violó a Luna, una niña de 14 años, la golpeó brutalmente y la amenazó con que si decía algo “no respondía por lo que le podía pasar a ella o a su familia”. Ese mismo año, milicianos de las Farc se llevaron a una mujer del resguardo indígena de Huellas, en Caloto, la violaron y la asesinaron.
Esta violencia sexual en el conflicto armado es una práctica muy extendida y generalizada, como lo reconoció la Corte Constitucional en el auto 092 de 2008. Por su parte, un estudio de Oxfam en 2009 calculó que entre 2001 y 2009 los actores armados cometieron unas 95.000 violaciones, forzaron unos 26.000 embarazos y unos 27.000 abortos, e incurrieron en más de 175.000 casos de acoso sexual.
La casi totalidad de esos hechos se encuentra en la impunidad. Por ejemplo, según datos de la Fiscalía General, en marzo de 2011 los paramilitares que rindieron versión libre habían confesado 57.131 crímenes, pero sólo aceptaron 86 casos de violencia sexual.
La violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado es entonces grave, extendida y está en la impunidad. Además, hasta muy recientemente, se hablaba muy poco de ella y por ello era un fenómeno invisible. En este contexto adquiere entonces particular relevancia este tribunal simbólico, que retoma la experiencia de otros tribunales de opinión semejantes, que han analizado también situaciones de graves violaciones de derechos humanos.
Estos tribunales surgieron en los años sesenta, cuando el filósofo Bertrand Russell propuso crear un tribunal de opinión para juzgar las atrocidades de EE.UU. en Vietnam. El proyecto fructificó y el tribunal, que reunió a otras figuras como Sartre y Simone de Beauvoir, condenó a EE.UU. por su agresión a Vietnam. La idea fue retomada por el jurista italiano Lelio Basso, quien había participado en el tribunal sobre Vietnam y organizó, en los años setenta, un Tribunal Russell II para juzgar a las dictaduras militares en América Latina. Y luego ha habido otras experiencias semejantes en muchas partes del mundo, incluyendo Colombia, en donde, el ‘Tribunal Permanente de los Pueblos’, heredero del Tribunal Russell, ha sesionado en dos oportunidades, una para analizar la impunidad por crímenes de lesa humanidad y otra para estudiar la responsabilidad de empresas transnacionales en violaciones a los derechos humanos.
Estos tribunales simbólicos y de opinión carecen de fuerza jurídica y no pretenden sustituir a la justicia penal oficial. Pero tienen una gran fuerza moral, que resulta de las virtudes y credibilidad de sus ‘jueces’ y de la documentación rigurosa de los hechos atroces que analizan.
El tribunal simbólico que sesionó ayer en Bogotá es entonces un esfuerzo trascendental por visibilizar la terrible violencia sexual cometida en Colombia por los actores armados, a fin de evitar que esos crímenes queden impunes y vuelvan a repetirse. Y para que también erradiquemos la violencia contra las mujeres en la vida cotidiana. Deberíamos conocer los resultados del tribunal, que estarán disponibles en www.pazconmujeres.org, y que nos interpelan con el lema del afiche que convocaba a las sesiones: “Yo condeno la violencia sexual, ¿y tú?”.
EL NUEVO SIGLO
EL ESPECTÁCULO DE LA JUSTICIA
Guillermo León Escobar Herrán
No es necesario relatarles a los colombianos el espectáculo de la Justicia al que en los últimos días hemos asistido. Hablando claro -y lejos de todo conocimiento jurídico- el ciudadano del común sabe que los jueces de “garantías” son en verdad tribunales de segunda instancia a donde llegan ya condenados por una opinión pública sierva de diversos y encontrados intereses, personas que han sido señaladas y trajinadas como culpables por algunos medios de comunicación que en nada contribuyen a dar salida a la formación y a la expresión de la “opinión del público”.
Todo parece indicar que recientemente los tres poderes -empeñados en una lucha continua- han dejado el camino abierto al poder de los medios para que acumule información, la filtre, la seleccione, la comunique, la valore y al final emita veredictos incontrovertibles.
En la ciudad de Bremen llama la atención que la estatua que representa la Justicia conserva los símbolos de la balanza en una mano y de la venda en la otra, porque quiere decir con claridad que no cree en la artificial ceguera de la que tanto se habla, ya que se profesa la convicción que la Justicia no ha de ser ciega sino clarividente.
Los franceses tenían la costumbre de pasear por las calles de las grandes ciudades a los condenados en una carreta de plataforma circular llamada la “picota”, a fin de que recibieran el castigo del desprecio de sus conciudadanos. Nosotros también tenemos nuestra propia “Picota”, pero, originales como somos, los sometemos previo a todo juicio a la befa y a la vergüenza pública, les destrozamos su dignidad de personas y luego -cuando ya de ellos no queda nada- los enviamos al “juez de garantías” con la esperanza de que sea él quien cargue con la responsabilidad del encierro. Pasa el tiempo y se les devuelve transitoriamente a sus casas a la espera del juicio, pero marcados ya con el sello de los condenados, destruidos sicológicamente por la prisión y dispuestos muchas veces a lo que sea menester por no volver al infierno que han conocido de antemano.
Cuenta la anécdota del escritor francés Guyot Desfontaines que, sentado en el banco de los acusados con el desespero propio de quien ya está señalado, procuraba defenderse mientras escuchaba al juez decirle solemnemente: “Oiga usted, si yo escuchara y les creyera a los imputados no habría culpables”, a lo que el imputado -viéndose en desventaja- respondió: “Sucede también, juez, que se da el caso que si su oído se inclina preferentemente hacia los acusadores no habría inocentes”.
¿Dónde habrá quedado aquello de “in dubio pro reo”? Hay que permitir que la Justicia actúe sin las pre-condenas de la opinión .Y aún más: ¿dónde queda el derecho no sólo a la presunción de inocencia sino a ser tratado en verdad como inocente?